Se trata del senador liberal Javier Enrique Durán a quien la Corte Suprema le abrió indagación por tráfico de influencias desde hace 12 años.
Foto: UniAndes
Doce años han pasado desde que la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación preliminar al senador liberal, Jaime Enrique Durán, por el delito de tráfico de influencias. Desde ese entonces, según una tutela que presentó el político en contra de la Sala de Instrucción, el alto tribunal no se ha pronunciado sobre su situación jurídica. En su recurso pide que se ampare el derecho al debido proceso.
En la tutela, el abogado de Durán explicó que el delito de tráfico de influencias tiene una prescripción a los 10 años y 6 meses desde que presuntamente se cometió el ilícito. Así las cosas, a su juicio, el alto tribunal debió emitir un pronunciamiento sobre el caso en ese marco de tiempo. El recurso llegó a la Corte Suprema de Justicia y, en primera y segunda instancia, no les dieron la razón.
En ese orden, reprocha que cuando el Estado no realiza su función y deja vencer los términos, sin determinar la responsabilidad penal del supuesto infractor, pierde la competencia para continuar con el proceso penal.
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