Alma Erazo debe enfrentar la situación de las entidades de control en las regiones. Al menos 8 están en manos de contralores provisionales
En una sesión plenaria del Concejo de Cartagena el concejal Carlos Barrios acusó al entonces presidente de la corporación, Óscar Marín, de haber escogido un “contralor de bolsillo” que, inmediatamente se posesionó, se dedicó a cerrarles a él y a otros miembros de la junta directiva los procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en su contra.
En medio de su visita fiscal logró determinar que el secretario de Hacienda había hecho 111 giros a sus cuentas personales, a donde habían ido a parar los $700 millones extraviados. Casos similares encontró en otras poblaciones de la jurisdicción y eso lo llevó a pedir la suspensión inmediata de 12 alcaldes y funcionarios públicos de su jurisdicción.
En ese complejo entorno debe cumplir su misión la auditora general de la República, Alma Carmenza Erazo, quien dice que pese a todos los instrumentos derivados de la reforma al control fiscal de 2019 que han servido para depurar el funcionamiento de las contralorías territoriales, estas se siguen viendo afectadas crónicamente por insuficiencia de recursos humanos y técnicos calificados.
La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva del organismo a su cargo trabaja por estos días a toda marcha y adelanta 60 procesos de responsabilidad fiscal, treinta de los cuales son contra contralores actuales y otros tantos contra excontralores. Atiende, simultáneamente, 55 asuntos de carácter administrativo sancionatorio fiscal, de los cuales 33 cobijan a excontralores.