De acuerdo con un informe, desde marzo de 2022 y hasta septiembre de este año, al menos 188 personas han muerto bajo custodia del Estado.
Bien dijo el presidente Nayib Bukele la semana pasada en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas que “muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre” en El Salvador en el marco de su lucha contra las pandillas, por cuenta de un régimen de excepción que le ha permitido encarcelar a miles de presuntos integrantes de estos grupos que sembraron el terror por varias décadas en el país más pequeño del continente americano.
Su política contra la pandillas le ha valido la aprobación de su pueblo, pues las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban su lucha contra los pandilleros que controlaban los territorios; también los aplausos y elogios de la comunidad internacional, que justamente en la ONU alabaron su discurso.
Y es que muchas han sido las denuncias que han recaído en Bukele y su gobierno por detenciones de inocentes, sin orden judicial y por los malos tratos que reciben los más de 72.600 presuntos pandilleros que están en prisión. La más reciente de ellas tiene que ver con el aumento de las tasas de mortalidad de reclusos en prisión, algo que poco se había analizado hasta el momento.