Según ese alto tribunal, en 2018, al parecer, se habría conformado una sociedad delictiva en la que participaron Arturo Char, Julio Gerlein, Aída Merlano, Lilibeth Llinás y Alejandro Char.
Según la Corte Suprema de Justicia, este entramado se habría materializado en octubre del 2017. Para esa fecha se habría dado una reunión en la casa de Arturo Char en Barranquilla, la cual fue el supuesto inicio del acuerdo para que Aída Merlano llegara al Congreso a cambio de que hiciera fórmula con Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, quien sería apoyada por la familia Gerlein.
Ese acuerdo, supuestamente, se firmó en la conocida casa blanca, residencia de Merlano en Barranquilla que, incluso, la Fiscalía logró probar que fue la sede de la empresa de compra de votos a favor de las candidatas avaladas por los Char y los Gerlein.En las pruebas que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia se mencionan varios contratos públicos, algunos de los cuales salpicarían a un contratista de Barranquilla,que habría estado vinculado a Alejandro Char, lo que ha suscitado sospecha sobre una financiación para la compra de votos.
Uno de ellos es la canalización del arroyo de las calles 75 y 76 en Barranquilla por $105.000 millones, la ampliación de la vía al río Magdalena por $54.000 millones, con una adición de $74.000. La construcción de la ruta 90 por $90.000 millones con una adición de $20.000 millones y la construcción de la avenida Boyacá por $94.000 millones, contratos que superan los $437.000 millones.
el excongresista ha respondido que es respetuoso de la justicia colombiana y que regresó al país para demostrar su inocencia.
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